Puede decirse que la modernidad nació cuando al individuo se le reconocieron una serie de derechos inalienables en tanto que ser humano, más allá de su estatus social, su adscripción política o sus creencias religiosas. Durante los siglos XVI y XVII Europa se desangró en guerras que enfrentaban distintos credos de una misma religión: católicos y reformados. Y por eso el primer derecho —la primera conquista— de la modernidad fue el derecho a la libertad de conciencia, que estipulaba que nadie podía imponer a ninguna persona en qué —o en quién— debía creer.

A este primer derecho, que evitaba matar o morir por cuestiones de fe, le siguieron otros: el derecho a la libre expresión de la propia opinión, el derecho de reunión y asociación, el derecho a la propiedad, a la propia seguridad, etc. Derechos que conocieron su primera expresión en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (4 de julio de 1776) y sobre todo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789), proclamada en los primeros momentos de la Revolución Francesa.

Fueron los primeros derechos que se alcanzaron y por eso se conocen como derechos de primera generación, los fundamentales, porque garantizan la libertad civil y política del individuo: libertad frente al poder arbitrario y libertad para participar en los asuntos de la vida pública. A lo largo de los siglos XIX y XX se fueron sumando otros —de segunda y tercera generación— como el derecho a la sanidad, a la vivienda, al trabajo, a la educación, etc. Todos juntos configuran el trasfondo normativo sobre el que se asientan nuestras democracias y se inspiraba —al menos hasta ahora— el Estado del Bienestar.